Amarna Miller denuncia al Ministerio de Igualdad por financiar una exposición que la acusa de pedofilia y violación
La influencer feminista y ex actriz porno, Amarna Miller, ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra las responsables del Ministerio de Igualdad por apoyar económicamente una exposición en la que se la difamaba y se la tachaba de estar a favor de la pedofilia y la violación. Miller reclama 280.000 euros por delitos de odio e injurias y calumnias, al considerar que se ha atentado contra su honor y su imagen.
La exposición, titulada ‘Mercado Canalla: reflexiones sobre la prostitución y la pornografía en construcción de las masculinidades’, se celebró en la estación de Atocha de Madrid el pasado 23 de septiembre y fue organizada por tres artistas y activistas feministas. En ella se podían ver pancartas con frases como “Amarna no tiene sororidad, usa el feminismo para defender algo que no debe defender y pisotea el colectivo (…). No sabe lo que es la ética feminista y defiende la pedofilia y la violación”.
Las demandadas son Irene Montero, Victoria Rosell y Ángela Rodríguez ‘Pam’
Según ha adelantado El Periódico de España, las demandadas son la ministra de Igualdad, Irene Montero, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Ángela Rodríguez ‘Pam’. Miller les acusa de haber participado activamente en la organización y financiación de la exposición, que contó con una subvención de 15.000 euros del Ministerio de Igualdad.
Además, la querella también se dirige contra la directora y diseñadora de la exposición y contra un alto cargo de Adif por permitir el uso de las instalaciones públicas para celebrar el evento. Miller sostiene que todas estas personas conocían el contenido de la exposición y que dieron el visto bueno a las afirmaciones injuriosas y calumniosas contra ella.
Miller anunció en enero que sus abogados estaban estudiando acciones legales contra las responsables de Igualdad. Ahora, ha materializado su denuncia ante el Tribunal Supremo, al considerar que se ha vulnerado su derecho a la libertad ideológica, a la libertad sexual y a la igualdad.