Nuevos datos corroboran una gran frialdad y crueldad.
Las especialistas del hospital de Jove de Gijón que atendieron a la mujer acusada de asesinar a su hija de seis años han asegurado que al cabo de pocas horas de cometer el crimen ella era consciente de que había matado a su hija. Las dos facultativas, especialista de Medicina Interna y psiquiatra, manifestaron que la mujer estaba en un estado «normal, distante y frío» y que no mostró remordimiento alguno.
Las profesionales dieron su testimonio ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, a la que asistieron los abogados Daniel Labrador y Julio Diéguez, representantes de la acusación particular en nombre de Eugenio García, padre de la niña.
Al salir del tribunal, el abogado Daniel Labrador ha afirmado que la madre de Olivia no presentaba signos de tener sus capacidades mentales afectadas. Estaba «consciente» de que había matado a su hija y su actitud no reflejaba nada anormal, sino más bien una actitud fría y distante. Además, se descartó que hubiera tenido alguna intención de suicidarse tras el crimen.
La única explicación que hasta el momento ha dado la madre para justificar su acción de darle pastillas a su hija es que «no quería que la menor estuviera con su padre», quien recientemente había obtenido la custodia de la niña.
La psiquiatra testificó en la audiencia que la mujer «conocía la gravedad de sus acciones» y no mostró signos de arrepentimiento. El abogado de la acusación particular destacó que la cantidad de medicamentos que la acusada consumió esa noche no requería tratamiento especial. La jueza decidió entonces ordenar el ingreso de la mujer en prisión provisional sin fianza.
El incidente ocurrió el domingo 30 de octubre, justo antes de la medianoche en un apartamento situado en el 71 de la calle Gaspar García Laviana, en el barrio de El Llano. La mujer de 48 años y su hija se habían mudado allí unos pocos meses antes.
El Centro Penitenciario de Asturias se encarga actualmente de la custodia de la mujer desde el pasado 2 de noviembre. La fiscalía argumentó que existían razones suficientes para considerarla una amenaza para la seguridad de terceros y las posibles penas de cárcel que podría recibir en caso de condena así como un posible riesgo de fuga.