Novedad en el caso.
A veces ocurren hechos que paralizan al conjunto de la ciudadanía, porque ponen de manifiesto lo frágiles que pueden ser las rutinas más cotidianas. En situaciones así, es difícil encontrar palabras que estén a la altura del desconcierto compartido. La sensación de incredulidad avanza rápido, dejando atrás cualquier intento de explicación inmediata. Y el debate público se enciende, buscando sostenerse en datos que aún no terminan de completarse.
Cuando un episodio inesperado involucra a menores, el impacto se multiplica entre quienes siguen la información. Las preguntas se acumulan desde el primer instante, incluso antes de que exista una versión oficial. En medio de esa incertidumbre, las familias afectadas se convierten en el centro emocional de la conversación social. Y cada detalle que surge añade una capa más de preocupación colectiva.
El clima de consternación se extiende, porque nadie imagina que un entorno concebido para el cuidado pueda convertirse en escenario de una tragedia. Las primeras reacciones suelen ser de estupor, seguidas de un intento por reconstruir lo ocurrido. A medida que avanzan las horas, crecen tanto la necesidad de respuestas como la presión para aclarar responsabilidades. Y en ese proceso, cada gesto institucional es observado con lupa.
Ecos del suceso.
La información inicial llegó cuando se confirmó que el especialista encargado de administrar la sedación a una menor de seis años —que falleció el 20 de noviembre tras ser atendida en una clínica dental de Alzira (Valencia)— había quedado en libertad con cargos, igual que la directora del centro. Los agentes del Grupo de homicidios realizaron registros tanto en la clínica como en la vivienda del profesional antes de proceder a las detenciones. Las autoridades imputaron al primero delitos como homicidio, atentados contra la salud pública, omisión de auxilio y sustracción de material farmacológico. Mientras tanto, a la directora se le atribuyen también responsabilidades por omisión de auxilio y actuaciones vinculadas a la gestión sanitaria.
El caso cobró aún más gravedad al conocerse que otra niña, de cuatro años, también presentó un cuadro crítico tras ser tratada en el mismo establecimiento. Ambas menores mostraron síntomas similares: somnolencia, dificultades respiratorias y mareos poco después de recibir la intervención odontológica. La segunda pequeña logró recuperarse, pero su ingreso permitió advertir que podía tratarse de un patrón común. Este hallazgo reforzó la urgencia de esclarecer lo sucedido en la clínica.
La investigación subraya dos elementos clave para entender el contexto en el que se produjeron los hechos. Por un lado, la clínica no contaba con autorización administrativa para aplicar sedación consciente, tal y como señaló la Conselleria de Sanitat al ordenar su cierre temporal. Por otro, se ha constatado la ausencia de instalaciones adecuadas, entre ellas una sala destinada específicamente para la recuperación de los pacientes. Estas carencias han adquirido un peso central en la reconstrucción de la secuencia de decisiones médicas y organizativas.
Procedimientos bajo la lupa.
Los documentos revisados indican que la cita de la menor de seis años comenzó a las 09:30, cuando sus padres firmaron el consentimiento correspondiente. A las 09:40 se inició el proceso de sedación, y, según el personal sanitario presente, la niña se durmió rápidamente antes de la intervención odontológica. El tratamiento, que incluyó anestesia local, extracciones y empastes, se prolongó durante casi una hora y cuarenta minutos sin incidentes aparentes. Posteriormente fue llevada a un gabinete contiguo para despertar, donde permaneció unos 45 minutos con sus padres antes de marcharse.
A mediodía se repitió el procedimiento con la segunda niña, de cuatro años, cuya sedación duró menos de una hora. Cuando habían transcurrido apenas quince minutos de esta nueva intervención, la recepcionista consultó si la familia de la primera menor podía retirarse, y recibió la aprobación del especialista. El personal declaró que la pequeña abandonó el centro “aparentemente bien”. Sin embargo, sus padres relataron que al llegar al Hospital Universitario de La Ribera, sobre las 15:00, ya mostraba dificultades notorias para mantenerse alerta.
Los médicos trataron de revertir el deterioro, pero, pese a 90 minutos de maniobras y una traqueotomía de urgencia, no fue posible evitar el desenlace. La niña de cuatro años, trasladada también al hospital, permaneció cuatro días en estado crítico en la UCI pediátrica del Hospital Clínico de Valencia, hasta que finalmente logró recuperarse. Su evolución favorable ha permitido concentrar los esfuerzos en comprender por qué los efectos fueron tan distintos en ambos casos. Y ahora los equipos clínicos y judiciales trabajan para perfilar una explicación concluyente.
Los primeros resultados de la autopsia no han identificado anomalías previas en la niña de seis años que pudieran justificar el desenlace tras la intervención. El informe realizado por el Instituto de Medicina Legal descarta que padeciera una enfermedad congénita capaz de provocar una reacción extrema a los fármacos utilizados. Los peritos de Toxicología analizan ahora las sustancias administradas para determinar su papel exacto en la evolución clínica. Mientras tanto, la noticia ha sobrecogido profundamente a la sociedad, y muchos han criticado que los implicados hayan quedado en libertad aunque sea con cargos.