Un caso que sacude a la sociedad.
Hay hechos que trascienden el ámbito privado y se instalan en la conversación pública de manera inevitable. Ocurren de forma abrupta y dejan una huella que va más allá de las personas directamente implicadas. Cuando afectan a menores, el impacto se multiplica y despierta una inquietud colectiva difícil de acallar. La sociedad entera se interroga entonces sobre los límites, las responsabilidades y los fallos que han podido confluir.

Estos sucesos suelen abrir debates incómodos, pero necesarios, sobre la protección de los más vulnerables. También ponen a prueba la confianza en las instituciones y en los mecanismos de control existentes. La sensación de incredulidad convive con la necesidad de comprender qué ha sucedido realmente. Cada dato nuevo es analizado con atención por una ciudadanía conmocionada.
En este contexto, el caso de Lucca, el niño fallecido en Garrucha, Almería, se ha convertido en un símbolo de esa conmoción colectiva. Desde que se conocieron los hechos, la investigación judicial ha sido seguida con enorme expectación. La gravedad del suceso ha provocado un sentimiento de duelo compartido. A la vez, ha activado una demanda social de explicaciones claras y respuestas firmes.
El giro en la investigación judicial.
La causa ha experimentado un cambio relevante tras conocerse el testimonio del principal investigado, la pareja de la madre del menor. Ante el Juzgado de Instrucción número tres de Vera, el sospechoso ha presentado un escrito solicitando la práctica de diversas pruebas científicas. Con ellas, pretende sostener una versión alternativa de lo ocurrido. En ese documento afirma: “Lucca no fue asesinado a golpes, sino que fue víctima de una praxis ritual peligrosa o pseudoterapéutica que salió mal”.
Los abogados defensores, Manuel Martínez Amate y Diego Ricardo Molinari, han explicado que su estrategia busca modificar la calificación inicial de los hechos. Su objetivo es desmontar la idea de una acción intencionada y reconducir el procedimiento hacia otra figura penal. Para ello, se apoyan en la ausencia de determinados indicios externos. La defensa insiste en que no existió voluntad de causar la muerte.
Según esa versión, la actuación del acusado estaría motivada por la intención de “curarlo” mediante prácticas no convencionales. La autopsia determinó que el menor murió a causa de un ‘shock hipovolémico por desgarro hepático y politraumatismo abdominal’, datos que los investigadores interpretaron como fruto de una agresión extremadamente violenta. Sin embargo, los letrados sostienen que, al no apreciarse fracturas visibles, las lesiones podrían encajar con “maniobras de comprensión mecánica rítmica o sostenida”. Esta interpretación ha generado un intenso debate jurídico y social.
Pruebas solicitadas y reacción pública.
En el escrito presentado ante el juzgado, la defensa detalla que el traumatismo sería compatible con rituales de purificación “donde se ejerce presión extrema sobre el abdomen del menor para ‘expulsar’ ciertos males”, según recoge ‘Diario de Almería’. También se mencionan referencias al uso de “agua bendita” y otros elementos de carácter espiritual reflejados en el atestado policial. A partir de ahí, se solicita un análisis toxicológico más amplio. El objetivo es detectar posibles sustancias no identificadas en un primer momento.
Entre esas sustancias se citan alcaloides pirrolizidínicos, ácido aristolóquico y determinados aceites esenciales con potencial tóxico. Según la defensa, estos compuestos podrían provocar necrosis hepática fulminante y hemorragias internas. Asimismo, se pide un nuevo examen del cuerpo para localizar “biomarcadores de estrés metabólico”. Estos indicadores podrían estar relacionados con ayunos forzados o la ingesta de purgantes drásticos.
El documento judicial también reclama una pericial de contexto antropológico. Con ella, se pretende determinar si el menor estaba siendo sometido a terapias alternativas vinculadas a “curanderos”. Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de comentarios y reacciones ante las últimas informaciones del caso. La conversación digital se ha intensificado especialmente desde que se ha conocido la versión ofrecida por el principal acusado, generando una oleada de opiniones, análisis y controversias.