El juez archiva la causa contra Judit González, pero la investigación sobre Begoña Gómez continúa
Una de las piezas del complejo puzle judicial que rodea a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha caído este domingo: el juez Juan Carlos Peinado ha decidido archivar la investigación por presunta malversación contra Judit González, actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno.
González había sido citada como investigada en relación con la contratación y desempeño de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez. Sin embargo, tras prestar declaración, el juez ha determinado que no existen indicios suficientes para sostener su imputación.
González se desmarca: “La asesora no dependía de mí”
Durante su declaración, González respondió a las preguntas del juez y de su propio abogado, dejando claro que no tuvo ninguna responsabilidad sobre las funciones de Cristina Álvarez. “La asesora de Begoña Gómez no dependía de ella”, aclaró.
Su estrategia fue efectiva. Según fuentes jurídicas, la alto cargo se limitó a explicar su marco competencial y desligarse por completo de cualquier decisión relativa a la asesora de Gómez. Esta versión convenció al magistrado, que decidió no solo retirar la imputación, sino dictar el archivo de la causa contra ella.
Una jornada clave: tres testigos, pocas respuestas
Pero el domingo no solo estuvo marcado por la declaración de González. También prestaron testimonio tres figuras clave en la investigación sobre la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
El primero fue Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, que comparecía por tercera vez. Se ratificó en que el rector Joaquín Goyache le encargó crear la cátedra para Gómez, cumpliendo los requisitos formales, y señaló que no tenía competencias en facturación ni en contratos sobre el software desarrollado para el proyecto. Admitió haber comido con Begoña Gómez y Cristina Álvarez, pero insistió en que no se encargaba de registrar el software que, según él, debía haberse inscrito.
El segundo testigo, Miguel Escassi, responsable institucional de Google, fue citado por segunda vez. La tecnológica colaboró en el desarrollo del software, y aunque no trató directamente con Álvarez, aseguró haberla visto en reuniones como parte del equipo de apoyo.
El tercero, Diego del Alcázar, presidente del Instituto de Empresa (IE), fue tajante: “No hubo ningún correo ni trato con Cristina Álvarez durante los cuatro años que Begoña Gómez estuvo en el IE”. Recalcó, como ya había declarado en julio, que la contratación de Gómez para el cargo de directora del África Center se basó en su currículum y no en influencias externas.
Una acusación que pierde peso, pero sigue abierta
Con esta decisión judicial, Judit González se convierte en la primera de las cinco personas investigadas en esta causa que sale del proceso con un sobreseimiento libre. En el punto de mira continúan:
– **Begoña Gómez**, por su papel en la cátedra y el presunto uso de fondos públicos para fines privados.
– **Cristina Álvarez**, por haber sido contratada como asesora con dinero público mientras, supuestamente, realizaba tareas privadas.
– **Francisco Martín Aguirre**, anterior secretario general de Presidencia.
– **Juan Carlos Barrabés**, empresario con vínculos con algunos de los proyectos asociados a la cátedra.
Un caso con ramificaciones políticas
El juez Peinado considera que podría haberse cometido malversación en “comisión por omisión”, es decir, que se permitió el uso de recursos públicos para funciones privadas sin intervenir para evitarlo. La acusación popular ha intentado llevar el interrogatorio más allá, preguntando por el contexto de la contratación de Gómez, pero el magistrado cortó ese rumbo, indicando que ya se había aclarado previamente.
¿Y ahora qué?
El auto de archivo para Judit González no implica el fin de la causa. El juez del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid decidió el pasado 4 de noviembre continuar con la investigación contra Begoña Gómez y el resto de implicados, con la vista puesta en una posible imputación por cinco delitos, entre ellos malversación de caudales públicos.
El caso, que ha salpicado a Moncloa y a varias instituciones académicas y empresariales, sigue avanzando. Mientras tanto, Judit González puede respirar tranquila: ha salido del foco, al menos de momento.
Lo que queda claro tras esta jornada es que, aunque algunos nombres van cayendo de la lista de investigados, la figura de Begoña Gómez sigue en el epicentro del caso. Y con ella, la sombra de una posible instrumentalización de recursos públicos con fines privados.